¿Qué es exactamente un “proyecto de interés nacional”?

La guerra comercial desatada por Donald Trump y los desafíos que plantea la transición energética de Canadá han impulsado a Mark Carney a crear un sistema para acelerar la finalización de importantes proyectos en el país. Aquí le presentamos lo que necesita saber sobre estos "proyectos de interés nacional".
Impuesta bajo secreto de sumario a finales de junio, la nueva Ley de Unidad Económica Canadiense tiene como objetivo facilitar la implementación de proyectos considerados de interés nacional por la Oficina del Primer Ministro.
En particular, se prevé un período máximo de aprobación de dos años para proyectos específicos, en lugar de cinco.
A continuación se presentan algunos de los criterios utilizados para designar un “proyecto de interés nacional”:- ¿Fortalece la autonomía, la resiliencia y la seguridad de Canadá?
- ¿Proporciona beneficios económicos y de otro tipo a Canadá?
- ¿Tiene una alta probabilidad de implementación?
- ¿Tiene en cuenta los intereses de los pueblos indígenas?
- ¿Contribuye al logro de los objetivos de Canadá en materia de cambio climático?
Los proyectos que podrían cumplir estos criterios incluyen carreteras, ferrocarriles, minas, puertos, aeropuertos, oleoductos, proyectos nucleares, proyectos de energía limpia y sistemas de transmisión de electricidad.
Las provincias pueden presentar proyectos que consideren compatibles, pero su poder de decisión aún no está claro.
El 26 de agosto, Mark Carney anunció que la ampliación del Puerto de Montreal podría ser uno de los primeros proyectos aprobados. Se espera que este proyecto aumente la capacidad de contenedores que salen de la ciudad en un 40%.
Una ley controvertidaLa nueva ley del gobierno ha sido criticada por otorgar poderes significativos al gobierno federal -y a la oficina de Mark Carney- en el proceso de aprobación de proyectos importantes.
Los grupos ambientalistas están preocupados de que el gobierno pueda eludir las normas ambientales para llevar a cabo proyectos que considera prioritarios.
Los líderes indígenas han advertido que el proyecto podría violar sus derechos constitucionales, lo que daría lugar a impugnaciones judiciales.
LE Journal de Montreal